Derechos de las mujeres en España: cómo han evolucionado

Estudiar una carrera, votar o firmar un contrato sin autorización del marido no siempre estuvo al alcance de las mujeres en España. Detrás de cada uno de estos derechos hay reformas que cambiaron su capacidad para decidir sobre su propia vida. También hubo retrocesos: algunas libertades reconocidas durante la Segunda República desaparecieron con la dictadura y tardaron décadas en recuperarse.

La evolución de los derechos de las mujeres en España ayuda a entender tanto lo que se ha conseguido como las desigualdades que siguen pendientes. El recorrido pasa por las aulas, las urnas, el trabajo y la vida familiar.

El acceso a la universidad: un paso decisivo en 1910

Antes de 1931 ya había mujeres en las universidades españolas, pero estudiar una carrera exigía superar obstáculos que sus compañeros no encontraban.strong> Durante años, la matrícula oficial estuvo sujeta a autorizaciones especiales.

La Real Orden de 8 de marzo de 1910 eliminó ese requisito. Las mujeres pudieron matricularse sin solicitar un permiso por razón de sexo, aunque eso no significó acceder de inmediato a todas las profesiones en igualdad de condiciones.

También hacían falta medios para continuar los estudios. La Residencia de Señoritas, fundada en 1915, ofreció alojamiento y formación a mujeres que se trasladaban a Madrid para estudiar. Las universitarias seguían siendo una minoría, pero empezaban a contar con más oportunidades.

El sufragio femenino y los avances de la Segunda República

En 1931 se dio una situación que hoy puede resultar sorprendente: las mujeres podían ser elegidas diputadas, pero todavía no podían votar en aquellas elecciones. Clara Campoamor y Victoria Kent estuvieron entre las primeras mujeres que ocuparon un escaño.

El 1 de octubre de 1931, las Cortes aprobaron el sufragio femenino durante el debate constitucional. Campoamor fue una de sus principales defensoras. Dos años después, el 19 de noviembre de 1933, las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones generales en España.

Los cambios también llegaron al matrimonio. La Ley de divorcio de 1932 permitió disolverlo legalmente. Por eso, aunque el divorcio suele asociarse a la reforma de 1981, su primer reconocimiento en España fue casi medio siglo anterior.

Franquismo: restricciones al trabajo y a la autonomía de las mujeres

La dictadura frenó los avances anteriores. Para las mujeres casadas, la dependencia del marido estaba recogida en normas que limitaban su capacidad para realizar determinados actos y contratos por sí mismas.

Las mujeres trabajaban, pero no podían hacerlo en las mismas condiciones ni acceder a todas las profesiones. La ley de 1961 amplió sus derechos laborales y profesionales, aunque mantuvo exclusiones y la autorización del marido cuando la legislación lo exigía.

Esta autorización, conocida como licencia marital, se suprimió en 1975. La reforma permitió a las mujeres casadas actuar con mayor autonomía jurídica. Fue un cambio importante, aunque todavía quedaban desigualdades en la regulación del matrimonio.

La Transición: igualdad ante la ley y cambios en la vida familiar

Durante la Transición, las organizaciones feministas reclamaron derechos en el trabajo, la sexualidad y la familia. Encuentros como las jornadas de Madrid de 1975 y las de Barcelona de 1976 contribuyeron a organizar estas demandas y llevarlas al debate público.

La Constitución de 1978 reconoció la igualdad ante la ley y prohibió la discriminación por razón de sexo. Además, encargó a los poderes públicos eliminar los obstáculos que impiden que esa igualdad sea real. También estableció la igualdad jurídica en el matrimonio y rechazó la discriminación salarial por sexo.Ese mismo año se despenalizaron el adulterio y el amancebamiento y se eliminaron las prohibiciones penales relativas a la venta y divulgación de anticonceptivos.

En 1981 se recuperó el divorcio y se modificaron las normas sobre filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial. La igualdad debía aplicarse también dentro de la familia: en las relaciones entre cónyuges y en sus responsabilidades respecto a los hijos e hijas.

Trabajo, cuidados y participación política

La Ley de Igualdad de 2007 desarrolló medidas para combatir la discriminación e instrumentos como los planes de igualdad en las empresas. En materia salarial, la regulación de 2020 reforzó las herramientas para hacer efectivo un principio: los trabajos de igual valor deben recibir igual retribución.

El reparto de los cuidados ha sido otro ámbito de reforma. Tras la equiparación progresiva de los permisos por nacimiento, la ampliación de 2025 fijó, con carácter general, 19 semanas por progenitor, con distintos periodos y condiciones de disfrute. Estos permisos buscan facilitar que ambos asuman el cuidado y que esa responsabilidad no recaiga principalmente en las mujeres.

En política, la ley de paridad de 2024 introdujo la alternancia entre mujeres y hombres en las listas electorales a las que se aplica. La medida actúa sobre cómo se elaboran las candidaturas; no garantiza por sí sola que el resultado electoral reparta los escaños por igual.

Decidir sobre el propio cuerpo y formar una familia

Los derechos sexuales y reproductivos también se han ampliado. En 1985 se despenalizó el aborto en determinados supuestos.strong> La ley de 2010 permitió la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer durante las primeras 14 semanas de gestación. La reforma de 2023 eliminó, entre otros requisitos, el periodo obligatorio de reflexión de tres días.

Otros cambios reconocieron distintas formas de familia y reforzaron el derecho a decidir. Desde 2005, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. En 2020 se eliminó la excepción penal que permitía esterilizar sin su consentimiento a determinadas personas con discapacidad mediante autorización judicial.

La protección frente a la violencia de género y las violencias sexuales

La ley integral de 2004 reunió medidas de prevención, asistencia y protección frente a la violencia de género ejercida contra las mujeres por sus parejas o exparejas masculinas. Conviene precisar su alcance: este ámbito de protección no abarca por sí solo todas las formas de violencia que pueden sufrir las mujeres.

En 2022, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual incorporó medidas de prevención, atención y reparación frente a las violencias sexuales y reformó su tratamiento penal. La modificación de 2023 cambió parte de ese marco penal, manteniendo el consentimiento como elemento central.

¿Qué desigualdades siguen pendientes?

La igualdad reconocida por las leyes no siempre se traduce en las mismas oportunidades. El reparto de los cuidados ofrece un ejemplo concreto: según los datos del INE de 2025, 419.500 mujeres trabajaron a tiempo parcial para cuidar a personas dependientes, frente a 32.500 hombres. La diferencia muestra hasta qué punto compaginar empleo y cuidados sigue afectando de forma desigual a unas y otros.

Tampoco todas las mujeres encuentran las mismas dificultades. La Ley de Igualdad reconoce la necesidad de atender situaciones específicas, entre ellas las de mujeres migrantes, con discapacidad o mayores. Las medidas deben tener en cuenta estas diferencias para que los derechos puedan ejercerse en condiciones de igualdad.

Información y apoyo desde In Género

En In Género trabajamos en la defensa de los derechos humanos y acompañamos a personas que ejercen la prostitución y a personas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Si necesitas apoyo en estas situaciones, puedes contactar con In Género o consultar la App Nosotras, donde encontrarás recursos especializados.